Santos Cerdán dirigía una organización criminal

Comenzamos con la información de este martes 15 de julio contándoles que el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón pide mantener a Santos Cerdán en prisión por dirigir "un duradero y eficaz sistema de corrupción a gran escala" en Carreteras y Adif.  Según el escrito, Cerdán asumió la dirección de una organización criminal que penetró en el Ministerio de Fomento en 2018. Junto con José Luis Ábalos y Koldo García estableció un sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas que dañó la libre competencia y encareció las obras públicas. Los audios grabados por Koldo muestran a Cerdán como responsable de repartir las dádivas y reclamar pagos a los beneficiarios de adjudicaciones.  Luzón descarta la tesis del delito provocado y destaca que Cerdán tenía "indiscutible preeminencia" en la organización. Ábalos y García "estaban en manos de Cerdán" para cobrar las recompensas ilícitas.  El fiscal considera que la mordida gestionada por Cerdán fue muy superior al millón de euros que entregó a sus compañeros. Sobre más de 500 millones en adjudicaciones presuntamente amañadas. Solo Cerdán conoce quiénes fueron todos los destinatarios del botín obtenido. Sánchez pacta con Illa una financiación singular para Cataluña Pedro Sánchez pactó con Salvador Illa una financiación singular para Cataluña que impone un nuevo modelo autonómico al resto de España.  El acuerdo permite que la Generalidad recaude, gestione e inspeccione todos los tributos en Cataluña y luego entregue una parte al Estado por servicios y otra como cuota de solidaridad.  Todas las comunidades autónomas del régimen común rechazan el pacto y lo califican de "contrario al espíritu constitucional". ERC avisa que no aceptará ninguna "tutela" de la Agencia Tributaria estatal. Junts rechaza de plano el acuerdo y lo califica de "tomadura de pelo de Sánchez a ERC". El documento requiere reformar la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) con mayoría absoluta en el Congreso, algo muy lejano por el rechazo generalizado.  Las comunidades del PP y también las socialistas como Asturias y Castilla-La Mancha se oponen al modelo. Los gobiernos autonómicos populares denuncian que "se rompe la caja común" a la medida de los secesionistas mientras se recentraliza eliminando la autonomía fiscal.  El pacto es producto de los acuerdos del PSOE con ERC para las investiduras de Sánchez e Illa.